Los abogados que representan a Cristina Kirchner en la querella de la causa por el intento de magnicidio insistirán a la Cámara Federal porteña que se amplíe la declaración indagatoria a los tres detenidos por ese hecho y que se los impute también por el delito de asociación ilícita.

El tema será planteado en una audiencia fijada por la sala I del Tribunal de Apelaciones luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti se negara a ordenar ese pedido.

Los argumentos serán escuchados por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens en una audiencia convocada de manera presencial en los tribunales federales de Retiro.

El texto de la querella que representa a la vicepresidenta solicita “que se indague a Brenda Uliarte, a Fernando Sabag Montiel y a Gabriel Carrizo por la plataforma fáctica recabada hasta el momento que, además de revelarlos como coautores del delito de homicidio, muestran que operaban como una asociación ilícita«.

El escrito de apelación, cuyos fundamentos ampliarán durante el transcurso del día, también cuestiona a la magistrada a cargo del caso. Sostiene que ella, al no disponer ampliar las declaraciones indagatorias para imputar los nuevos hechos y dar a los acusados la posibilidad de hacer un descargo, «veda la posibilidad de que la elevación a juicio abarque los hechos que tiene que abarcar y sea calificada como tiene que serlo».

Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal insistirán también en que Carrizo, uno de los acusados procesado como partícipe secundario, debe ser considerado coautor del intento de asesinato al igual que Sabag Motiel y Uliarte. Esta postura se sustenta sobre la base de la nueva prueba incorporada luego del procesamiento.

Los fundamentos contra Carrizo

«Recordá esta fecha», «Esta hdp (sic) ya está muerta», «No sabés que hicimos con esto», «Generar miedo», «Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo», son algunos de los mensajes extraídos del celular de Carrizo e incorporados a la causa donde sigue como partícipe secundario.

Carrizo era jefe del grupo de supuestos vendedores de copos de azúcar para el que trabajaban Sabag Montiel y Uliarte. La mañana del 2 de septiembre, horas después del intento fallido de asesinato, envió dos mensajes más: «Es un golpe que le dimos al Gobierno» y «esto se va a poner peor».

Esos y otros mensajes no le fueron atribuidos a Carrizo en su declaración indagatoria y por ello «hacen imperante una ampliación de la imputación«.

La pista Milman

La jueza Capuchetti no ordenó las medidas pedidas y la querella recurrió en apelación ante la Cámara Federal que el mes pasado confirmó a la magistrada en la causa. Junto con esta ratificación, también le ordenó profundizar en la llamada «pista Milman», vinculada al diputado del PRO Gerardo Milman.

Para ese entonces, la magistrada ya había delegado la investigación en la fiscalía federal de Carlos Rívolo,

La semana pasada la querella presentó otro escrito para pedir a la jueza el secuestro del teléfono celular de Milman y al fiscal nuevas medidas en torno a esta línea, entre ellas entrecruzamiento de llamadas entre todos los investigados.

Pero ante la Cámara, los abogados insistirán en lo relativo al rol de los tres detenidos por el intento de homicidio agravado, quienes a su criterio deberían llegar a juicio oral también procesados por asociación ilícita.

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