La supuesta “perimida” lucha de clases suma un nuevo capítulo vernáculo en la disputa por el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Unos 500 empresarios de grandes grupos económicos concentrados y profesionales de importantes estudios jurídicos rubricaron un documento dirigido a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para que “desistan del intento” del proceso contra los cortesanos cuyas motivaciones son “por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución». Mientras tanto, importantes fracciones cegestistas —la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona)– junto a ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma) se pronunciaron a favor del enjuiciamiento y la destitución de los miembros de la Corte por “por el arbitrario e ilegal” fallo a favor de CABA que “en perjuicio del federalismo”, además de “la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura”, “arrogándose funciones legislativas a través de fallos judiciales y acordadas”.
La disputa no solo es política (por los alineamientos de sindicalistas y empresarios) sino que es parte de la puja distributiva. No fueron pocos los dirigentes gremiales que cuestionaron por “clasistas” distintos fallos de la Corte que beneficiaron a las grandes corporaciones económicas en desmedro de trabajadores y del resto de la sociedad, contradiciendo decisiones de Gobierno y del propio Congreso. Algo que, en cambio, defienden empresarios y los grandes estudios jurídicos que los representan. Ayer, casi en simultáneo, empresarios y sindicalistas salieron a expresar sus opiniones encontradas sobre el juicio político a los cortesanos, que arrancaría la próxima semana.
Empresarios
Directivos de grandes empresas y corporaciones empresariales salieron a expresar su defensa de los cortesanos. “Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina. ¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?”, dice unos de los párrafos del documento de los empresarios en el que instan a los diputados de la comisión de Juicio Político que “desistan del intento”.
“La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país. El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos”, se justifican los empresarios.
“Por tal motivo, los abajo firmantes apelamos a la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas”, culmina el comunicado.
La iniciativa empresaria estuvo bajo la coordinación de Guillermo Lipera (ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad), Juan Vaquer (presidente de ACDE) y Santiago Mignone (tesorero de IDEA). Empresarios como Enrique Cristofani (Banco Santander), Roberto Murchinson (Grupo Murchinson), Gerardo Cartellone (Grupo Cartelone), Nicolás Braun (La Anónima), Luis Bameule (ex Quickfood), Lisandro Bril (Axia Ventures) y Alejandro Elztain (CRESUD), rubricaron el documento que reúne unas 500 firmas. También firmó Amcham y Ledesma. Muchos de ellos conocen muy bien el lobby legislativo a la hora de oponerse a la sanción de leyes que no favorecen sus intereses económicos, y que ahora les reclama a los legisladores.
Una disputa política-clasista que volverá a tener al Congreso como escenario con la mira en los jueces de la CSJN que aspiran a mantener su protagonismo a la hora de inclinar la balanza.
Trabajadores
Cuatro espacios gremiales respaldaron el pedido de juicio político contra integrantes de la Corte a través de un comunicado conjunto. «La arbitraria e ilegal sentencia a favor de la ciudad de Buenos Aires (CABA), firmada por los integrantes del máximo tribunal en perjuicio del federalismo y las provincias, es una clara muestra del accionar en beneficio del PRO y la alianza Juntos por el Cambio como representantes de los grupos concentrados de poder», expresa el documento que firman la CFT, el Fresimona y las CTA de los Trabajadores y Autónoma.
Esos espacios gremiales, que lideran respectivamente el bancario Sergio Palazzo, el camionero Pablo Moyano, el docente Hugo Yasky y el estatal Hugo Godoy, afirmaron en el texto que a ese fallo «se sumó la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema y la decisión de Horacio Rosatti de colocarse como su presidente y arrogarse funciones legislativas».
«Ese integrante de la Corte se arrogó funciones legislativas a través de fallos judiciales y acordadas; revivió una ley derogada; modificó a su gusto la integración del organismo y desconoció resoluciones de Diputados y el Senado, haciendo incluso caso omiso a fallos de tribunales inferiores», agrega el comunicado de los gremios de esos espacios.
El documento sindical también hace mención a las muestras de la CSJN por «su ausencia de idoneidad y mal desempeño», ya que en 2017 «pretendió frenar los avances sobre derechos humanos al avalar el beneficio 2×1 para acelerar la liberación de detenidos por delitos de lesa humanidad, lo que fue evitado por la masiva movilización popular».
«La Corte actuó regresivamente sobre los derechos laborales, contrariando el principio de progresividad del derecho del trabajo. Limitó el derecho de huelga, desconoció la relación de dependencia de contratados, cercenó reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, redujo indemnizaciones por accidentes y consideró prescripto el reclamo de crédito laboral por crímenes de lesa humanidad«, reseña el comunicado.
Además, remarcó el oscuro manejo de los cortesanos en ámbitos del propio Poder Judicial: “Otro tanto han realizado con la Obra Social del Poder Judicial, con denuncias penales de malversación de fondos, espionaje al interior hacia trabajadores, pérdida de prestadores por incumplimiento de pago, falta de autorización en tratamientos y tantos otros desmanejos sin control ni auditoría alguna, que han devenido en el pésimo servicio de salud a los afiliados y afiliadas, dañando de esta manera un derecho fundamental”.
Los gremios enrolados en esos espacios sindicales respaldaron el pedido de juicio político a la CSJN para defender «la plena vigencia de la Constitución Nacional, la división de poderes, el federalismo, los derechos laborales y humanos», y se pronunciaron por un Poder Judicial independiente del económico y «siempre al servicio del pueblo».
