La Comisión Europea presenta este miércoles su controvertido plan sobre etiquetado verde a inversiones en fuentes energéticas que contribuyen a enfrentar el cambio climático, incluyendo las centrales nucleares y de gas, idea que genera evidentes divisiones.

El proyecto, que dio lugar a acaloradas discusiones entre los países del bloque, es un ‘mapa’ para las inversiones en el sector energético que apuntan a alcanzar la ambiciosa meta de economía verde para el año 2050.

La Comisión había enviado en los últimos minutos del 31 de diciembre una propuesta sobre esta iniciativa a los países de la Unión Europea, y las capitales del bloque tenían plazo hasta el 21 de enero para presentar sus puntos de vista.

De acuerdo con fuentes coincidentes, el proyecto -que generó una áspera discusión entre los países del bloque- no ha sido modificado en forma esencial.

El proyecto original considera la inclusión de la energía nuclear y el gas entre las inversiones verdes a título transitorio.

Sin embargo, rápidamente se puso en evidencia que seria difícil hallar un consenso ya que las economías europeas se apoyan en una importante variedad de matrices energéticas.

La inclusión de la energía nuclear y el gas en el proyecto es defendida por varios países encabezados por Francia, quienes alegan que las fuentes renovables (como la solar o eólica) no permitirán cubrir las necesidades de electricidad en el bloque.

En contrapartida, Alemania -un país altamente dependiente del gas para mover su industria- encabeza el grupo de países que se opone a la inclusión de la energía nuclear en el programa de inversiones «sostenibles» y defiende la inclusión del gas.

De esa forma, París y Berlín buscan asegurar que matrices energéticas de importancia fundamental para sus economías estén contempladas en el proyecto.

En tanto, Austria, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos han publicado una carta conjunta en oposición a la inclusión del gas, una fuente de energía fósil.

Para esos cuatro países, la intención de la UE de ver su plan de categorización convertirse en el «estándar», se vería seriamente afectada.

Tras la publicación del texto final, comenzará a correr un plazo de cuatro meses (que se podría extender dos meses más) para que el Parlamento Europeo trate el texto.

En principio el Consejo Europeo (que representa a las naciones del bloque) también podría bloquear su autorización plena al programa, aunque para ello precisaría unir el voto de 20 países miembros, un escenario que por el momento parece imposible de conseguir.

En ese cuadro, el director del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, adelantó en diciembre que esa institución podría eludir la «taxonomía» del bloque dada la oposición generalizada al gas y la energía nuclear entre los inversores verdes

«Si perdemos la confianza de los inversores, al vender como un proyecto verde algo que resulta ser lo contrario, entonces nos cortamos los pies sobre los que estamos parados cuando se trata de financiar las actividades del banco», dijo.

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