La legisladora aseguró, que el oficialismo impulsó la designación de los miembros de la Auditoría General de la Provincia mientras se desarrollaba la Reforma Constitucional. «Diputados del oficialismo hacen la propuesta y proponen gente que estuvieron con ellos en las elecciones pasadas y la envían al Senado», detalló.

En la Cámara Baja Provincial, no escapa a nadie el detalle que la designación de Maidana, que pertenece al Partido Renovador y que integró la alianza oficialista “Unidos por Salta” en las últimas elecciones provinciales, es para “pagarle” a los hermanos Biella, su participación como “independientes” en las legislativas pasadas.

Por otra parte, Segura Alzogaray, quien ya forma parte del Organismo a propuesta del Frente para la Victoria, aparece en la nueva postulación, a pesar que desde ese sector político se había comunicado que iban a proponer al abogado Juan Pablo Marco.

«Existen dos vacantes y en el medio hay una Constitución que se reformó y hay una serie de cambios. Desde nuestro punto de vista, ese proceso que se inició con una Constitución que ya no dice lo que decía, ha quedado caduco», repitió la integrante del Partido Renovador de Salta que insistió con lo escrito en la Constitución que establece la ocupación de estos cargos por parte de la oposición.

La legisladora apuntó contra el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz. «El gobernador dijo que quería reformar la Constitución, que quiere transparencia y darle lugar a la oposición, entonces, pasemos del discurso al hecho», sentenció la integrante de la Cámara de Diputados.

La incorporación de Elsa Pereyra Maidana y Marcos Segura Alzogaray, en su momento también fueron cuestionados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, así como el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas.

Oportunamente, cuestionaron tales designaciones inclusive requirieron en diciembre al Senado la suspensión de tales nombramientos, hasta tanto concluya el proceso de Reforma Constitucional, no encontrando justificación en la urgencia de la cobertura de los dos cargos en cuestión. Lo cierto es que no tuvieron eco en las autoridades tanto provinciales como legislativas esos pedidos.

Para ambas entidades resultaba contradictorio que, por una parte, se esté tratando la reforma Constitucional mediante la Convención, en este caso el artículo 169, apartado III, 7° párrafo, y, por otra parte, y de manera apresurada se nombre a dos abogados en la Auditoría.

Sostuvieron que el cuerpo colegiado de Auditores de la Provincia debe estar integrado mayoritariamente por contadores públicos, ya que son quienes poseen la incumbencia en auditoría financiera (en este caso gubernamental) otorgada por la ley nacional 20.488 sobre incumbencias profesionales en Ciencias Económicas otorgándole la necesaria formación técnica que requiere la labor de auditoría de la gestión económica, financiera, patrimonial, presupuestaria y operativa de la Hacienda Pública.

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