El secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó este jueves que el aumento de las tarifas eléctricas será de un 22% en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, mientras que en el resto del país dependerá del transporte y la distribución de energía.

Los valores de esta última son definidos a nivel provincial por cada uno de los gobernadores, ya que tienen a cargo la concesión de ese servicio.

La suba de las tarifas de luz contendrá una reducción de subsidios a partir de marzo, que fue normativizada por la Resolución 105 de la Secretaría de Energía, publicada ayer en el Boletín Oficial.

En concreto, el Gobierno incrementó el precio mayorista estacional de la energía para los hogares (usuarios residenciales) un 34%.

Ese porcentaje se eleva a 50% en el caso de algunos comercios, pymes y torres, que son considerados usuarios generales T2 y T3.

Asimismo, se aplicó un ajuste cercano al 20% en el transporte mayorista de la electricidad.

Todos estos aumentos combinados dan como resultado un impacto parcial en las boletas finales de los usuarios de entre el 10% y el 16% a partir del 1 de marzo, según pudo averiguar El Cronista con fuentes del sector.

Estas cifras no contabilizan la actualización de los márgenes de las transportistas (Transener y otras regionales) y distribuidoras reguladas por la Nación (Edenor y Edesur).

Se espera que en las próximas horas el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficialice los nuevos cuadros tarifarios con el incremento del Costo Propio de la Distribución.

Las firmas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) habían pedido que el Gobierno les asegure este año $ 100.000 millones en conjunto para inversiones, mantenimientos, salarios, compras de energía y otros gastos ineludibles.

ACUERDO CON EL FMI

Las tarifas de la energía y los subsidios al sector son el principal punto de conflicto entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las distintas vertientes internas del Frente de Todos.

Para cumplir con la meta fiscal de que el déficit primario cierre 2022 en el equivalente a 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), el organismo exige que las subas de las tarifas alcancen el 60% este año y superen a la inflación prevista, de manera de desandar progresivamente el atraso real que acumularon en los últimos 3 años.

Los subsidios se deberían disminuir del 2,4% al 1,7% del PIB este año, con un ahorro fiscal en pesos equivalente a cerca de 3000 millones de dólares.

Según la consultora Economía & Energía, que dirige Nicolás Arceo, las transferencias del Estado al sector energético fueron de u$s 10.900 millones, de los cuales u$s 7300 millones fueron para la electricidad.

El Estado cubre el 75% del costo de la energía para los hogares

En cambio, el Gobierno aplica incrementos en torno al 20% para la luz y el gas (este servicio sin ninguna quita de subsidios, por lo que todo el aumento quedó para mejorar los ingresos de las empresas) y una segmentación que irá por etapas.

En principio, la eliminación de las subvenciones a los barrios más «adinerados» de la Ciudad y el Gran Buenos Aires aportaría un ahorro fiscal de 0,08%.

Según datos oficiales de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), el año pasado el Estado cubrió con subsidios el 47% del costo de la energía.

Sobre un total de 72,9 dólares por megavatio-hora (MWh), el conjunto del sistema puso 38,8 dólares por megavatio-hora (MWh) y el Tesoro aportó el resto.

En el caso los usuarios residenciales, el 75% del costo fue sostenido por el Estado y apenas un 25% por los domicilios.

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