El 13 de noviembre de 2017 cerca de las 14 horas Alejandro Vandenbroele apareció en los tribunales de Comodoro Py. Los medios afines al gobierno de Cambiemos anunciaban ya que se convertiría en «arrepentido» en el Caso Ciccone y que «complicaría» la situación del exvicepresidente Amado Boudou. Dos horas más tarde se producía una reunión clave en la Casa Rosada: el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, y el titular del Programa de Protección de Testigos, Francisco Lagos, fueron a ver a Mauricio Macri por ese asunto. Lo reveló este lunes el ministro de Justicia, Martín Soria, en base a la información de los registros de ingreso al edificio. Garavano y Lagos tienen un pedido de indagatoria de la fiscala Paloma Ochoa, igual que el hombre que sería acogido como imputado colaborador, quien recibió beneficios económicos «sin justificación» por un período de dos años, cuando lo que está previsto en la normativa son seis meses. 

La figura del «arrepentido» fue una de las herramientas que utilizó la administración de Cambiemos para el armado de causas contra opositores políticos o para direccionar/manipular las ya existentes. Los titulares de los diarios y portales dan cuenta de la sincronización de esa estrategia política y judicial con la pata madiática. 

«Garavano compró el testimonio de Vandenbroele y lo pagó con un hotel. Lo hizo mediante el Programa de Protección de Testigos, dirigido por Francisco Lagos. Lo que no sabíamos es que el día que Vandenbroele entró al programa, Garavano y Lagos estuvieron con Macri en la Casa Rosada«, reveló el ministro Soria en sus redes sociales, junto con la imagen de la planilla de ingresos a Casa de Gobierno. Allí figuran la entrada de Lagos a la a las 15.54, la de Garavano a las 16, y la de quien era su secretario de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a las 16.01. Los registros dicen que iban al salón Eva Perón, pero el exministro Garavano fue quien dejó en claro a la salida, cuando lo abordaron los movileros, que se habían juntado con Macri y que uno de los motivos era «el programa de protección de testigos». Le preguntaron específicamente si efectivamente, como anunciaban algunos medios, Vandenbroele ya era testigo protegido y dijo: «No tenemos confirmación». También dijo que el programa funcionaba «con absoluta independencia» y «muy bien». Según dictaminó la fiscala Ochoa, ninguna de esas dos afirmaciones serían ciertas. 

«Es otra muestra más de lo que fueron capaces los autoproclamados defensores de las instituciones de la república, convirtieron el Programa de Protección de Testigos en un ‘Programa de Compra de Testigos’. Lo usaron para el armado de causas y la persecución judicial», dijo Soria a Página/12. «Ya nadie lo duda, Macri no sólo se juntaba a escondidas con jueces, fiscales y espías sino que también usaba la Casa Rosada para definir qué tenían que decir los supuestos arrepentidos y cuánto se les iba a pagar por su testimonio. Cada vez es más evidente que en nombre de la lucha contra la corrupción se gastaron varios millones de pesos en comprar un testigo poniéndole un hotel boutique. Lo único que les importaba era perseguir a dirigentes políticos y llenar las tapas de los diarios para ocultar el industricidio, los tarifazos, el endeudamiento criminal y la fuga de divisas que propiciaron«. 

Soria también mostró una foto de la primera plana de los diarios Clarín y La Nación del día siguiente al encuentro. «Dramático vuelco en la causa Ciccone: un arrepentido puede complicar más a Boudou», decía el primero. «Corrupción: Vandenbroele prometió confesar como arrepentido y pidió protección», decía el segundo. Los acuerdos de «arrepentimiento» en las causas penales se hacen habitualmente con la fiscalía. En este caso Vandenbroele se presentó ante el fallecido fiscal Jorge Di Lello, pero es evidente que el acuerdo con la cartera de Justicia ya estaba sellado de antemano. 

El dictamen de la fiscala Ochoa señala que a Vandenbroele se le «brindó asistencia económica por un período mayor a los seis meses previstos en la normativa» y «bajo el pretexto de ser una medida especial de protección», «destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación, todo ello en perjuicio de las arcas del Estado». Incluso el dictamen sugiere que debió haber sido expulsado del programa por una serie de incumplimientos, como burlar la custodia en la zona de Pilar para tener un encuentro oculto y, además, Laura Muñoz, madre de su hija, dijo que apareció alcoholizado al llevar a la niña a su casa. La investigación judicial se abrió tras una publicación de El Destape que revelaba cómo le financiaron su negocio hotelero. 

La asistencia económica a Vandenbroele comenzó el 6 de diciembre de 2017 con una suma de 20 mil pesos para gastos de seguridad, pero se fueron sumando otras partidas hasta llegar a 4.478.559 pesos según el legajo. Para su «relocalización» en Mendoza y sus gastos diarios Garavano firmó resoluciones por 680 mil pesos y por 2.054.000. El ministerio le pagó también los pasajes aéreos entre Buenos Aires y Mendoza (72 en total) y hasta viajó para pasar las fiestas de fin de año con la familia. Se le entregaron 840 mil pesos específicamente para la implementación para montar la «Posada La Masía», el hotel boutique, y hasta le dieron 200 mil pesos para que pagara los honorarios de asistencia jurídico contable para arreglar su situación impositiva ante la AFIP. El gobierno le dio dinero también para pagar las cuotas alimentarias que debía para su hija. Aún el juez Julián Ercolini debe decidir sobre los pedidos de indagatoria de la fiscalía de Ochoa, que imputa a los exfuncionarios  por administración infiel y abuso de autoridad

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