Después de 20 años de haber sido demandado, el Estado argentino comunicará en la mañana de este lunes cuáles son las medidas de reparación individual y colectivas que llevará a cabo por el caso de Pedro Troiani, trabajador de Ford que fue secuestrado en 1976 junto a un puñado de compañeros de trabajo, torturado en el quincho de la fábrica, detenido clandestinamente durante un año y despedido.
Lo hará en el acto de reconocimiento de responsabilidad que le cabe por aquellos hechos en el marco de un acuerdo firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre pasado, que encabezarán el ministro de Justicia, Martín Soria, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, a las 11 en el Archivo Nacional de la Memoria.
“Nos comprometemos en este acuerdo no sólo a realizar una reparación individual a la familia de Pedro Troiani, sino a llevar adelante una reparación colectiva con distintas formas de visibilizar la represión a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas durante el terrorismo de Estado y de impulso a la investigación y judicialización de la responsabilidad empresarial en articulación con la militar”, señaló Pietragalla Corti, horas antes de decir esto mismo ante la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, la viuda de Troiani, Elisa Charlin de Troiani, y su abogado Tomás Ojea Quintana.
En diciembre pasado, el secretario de Derechos Humanos firmó un acuerdo de solución amistosa con la familia de Troiani que significó el paso previo al cierre de un proceso de demanda que el ex trabajador de Ford había llevado ante el organismo internacional en 1992 contra el Estado argentino por la vulneración de sus derechos a la igualdad ante la ley y a la protección judicial: es que Pedro sufrió el terrorismo de Estado, fue despedido por la misma empresa que fue cómplice de su secuestro y torturas, y cuando culminó el horror, el mismo Estado le negó una investigación para hallar culpables.
Su historia
En 1976, a días de comenzado la última dictadura cívico militar, a Pedro Troiani, una patota de hombres del Ejército a bordo de una camioneta que era utilizada para mantenimiento interno de la planta que Ford tenía en General Pacheco, lo fueron a buscar a su puesto de trabajo. Pidió permiso para ir a buscar sus documentos, pero le respondieron “adónde vamos no necesita documentos”, declaró en 2018 ante la Justicia Federal de San Martín en el juicio en que los directivos de automotriz Pedro Muller y Héctor Sibilla terminaron condenados por su complicidad con crímenes de lesa humanidad cometidos contra Troiani y otro puñado de trabajadores detenidos desaparecidos. Esa condena fue confirmada por Casación el año pasado en un fallo considerado histórico.
Troiani y otros cinco obreros fueron ese día llevado a un quincho de la planta y allí torturados. Luego fueron trasladados a una comisaría de Tigre y posteriormente a la cárcel de Devoto, donde lo tuvieron preso hasta el año siguiente.
Cuando salió en libertad, supo que el mismo día en que lo habían secuestrado, la empresa le había enviado el telegrama de despido sin derecho a indemnización. Tiempo después, cuando la dictadura terminó y él venció el temor de denunciar lo que le había ocurrido, la Justicia le cerró las puertas: caso prescrito, le dijo.
Entonces, acudió a la CIDH. Recién en 2020 la Secretaría de Derechos Humanos retomó el diálogo en el marco de la CIDH para intentar encausar la situación, cosa que finalmente ocurrió en diciembre pasado, con la firma de un acuerdo de solución amistosa que, además de una reparación para la familia del obrero, constará de una amplia gama de cláusulas específicas que hacen a la reparación colectiva, como la señalización de la planta de Ford, trabajos de investigación y de archivo, y acompañamiento en las causas judiciales tanto en el fuero civil como en el penal para avanzar en el juzgamiento a los responsables.
“Pedro Troiani, junto con sus compañeros y sus familias, dedicó su vida a denunciar estos hechos y a promover acciones colectivas para lograr memoria, verdad y justicia. El lunes (por hoy) honraremos esta lucha que abre caminos para los trabajadores y trabajadoras de hoy en sus reclamos por derechos”, indicó Pietragalla Corti.
Troiani falleció el año pasado, antes de llegar a un resultado. “Pasaron casi 20 años, Pedro murió antes de que pudiéramos terminar este proceso, algo que demuestra que los tiempos eternos de la Justicia son un perjuicio inmenso” para les sobrevivientes y familiares de víctimas de la última dictadura cívico militar, apuntó Victoria Basualdo, coordinadora de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica de la Secretaría quien, además, sostuvo que los actos reparatorios sobre su caso significan, en sí mismos, “una reparación integral sobre el tema de responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad y un impulso para que en el ámbito civil se inicien estos procesos de justicia”, concluyó.
