Una de las formas de dictamen de los auditores es la abstención de opinión que se realiza cuando no es posible tener una posición, por diferentes razones, sobre el ente auditado. 

Norberto Bruno y Jorge Forlano son profesionales con antecedentes en la materia de control estatal y, en una charla con El Auditor.info, analizaron las hipótesis de abstención de opinión en informes o en debates dentro del ambiente laboral del control público.

La Auditoría General de la Nación (AGN) utilizó varias veces la abstención de opinión en informes sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la Entidad Binacional Yacyretá, la Administración General de Puertos, la Dirección General de Fabricaciones MilitaresAerolíneas Argentinas, la Empresa Ferrocarril General Belgrano, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y el Sistema Nacional de Medios Públicos. La mayoría de estos organismos recibieron reiteradamente ese dictamen.

La abstención de opinión significa llanamente que el auditor concluye su informe diciendo que no puede opinar. Es una posibilidad que suele estar contemplada en las normas de auditoría locales e internacionales y tienen la posibilidad de hacerlo tanto los estudios privados contables como los organismos estatales que cumplen una función de control en el ámbito del sector público, según explicó Bruno, profesor titular de Finanzas Públicas en la Universidad Nacional de La Matanza, quien formó parte de la AGN desde 1993 a 1999.

Esas mismas normas prevén otras posibilidades de dictamen como: opinión favorable, positiva, limpia, sin ningún reparo; opinión negativa o adversa; opinión favorable con algún tipo de salvedad, reparo o condicionamiento.

¿Cuándo un auditor podría denegar su opinión? 

En general, hay dos situaciones que pueden motivar la abstención de opinión: una es cuando se da la imposibilidad de obtener evidencia suficiente y específica como para poder brindar una opinión con una razonable seguridad. La otra es cuando el auditor advierte la existencia de incertidumbres o riesgos de tal magnitud y proyección que, a su juicio, podrían afectar seriamente la continuidad o sostenibilidad del ente auditado, por ejemplo si de sus estados contables depende un contrato.

“La abstención o denegación de opinión procedería cuando hay una limitación al alcance del trabajo de auditoría o una incertidumbre significativa, que no le permite al auditor reunir evidencia suficiente como para arribar a una convincente seguridad de que los estados financieros examinados están libres de errores y que, por lo tanto, representan la situación financiera de la entidad”, indicó Bruno.

Por otro lado, la abstención de opinión no siempre está asociada con la imposibilidad de reunir evidencia suficiente por limitaciones al alcance del trabajo. Otras veces operan circunstancias externas, fuera del control de los administradores, cuyos efectos sobre el patrimonio y la noción de hacienda en marcha no pueden ser mensurados o calibrados razonablemente por el auditor debido a la interacción de diversas incertidumbres.

«Son hipótesis raras, mucho más en el sector público debido al principio de continuidad del Estado, pero entiendo que allí estaría plenamente justificada la abstención”, añadió Bruno. 

En cambio, una abstención de opinión persistente en el tiempo, basada en insuficiente información, evidencia o documentación es una «situación injustificada». «Estaría hablando de desinterés por el buen funcionamiento de los sistemas de información del organismo y de incumplimiento de deberes de adecuada diligencia administrativa, transparencia y rendición de cuentas clara, oportuna y completa”, sostuvo.

Una delgada línea
Muchas veces, la línea divisoria entre la denegación de opinión y la opinión adversa es delgada. “El uso de la abstención de opinión tendría que estar limitado a circunstancias extraordinarias. El auditor público debería exigir acciones positivas a los auditados para que aparezca la evidencia que le permita brindar una opinión concreta. De lo contrario, su abstención de opinión, sin haber agotado los medios para que se solucione la carencia, podría ser interpretada como una conducta complaciente, cómoda, no comprometida, para no decir cómplice”, aseveró Bruno.

En la duda, en la opción entre un tipo de comportamiento y otro por parte del auditor, ante la carencia de elementos de juicio suficientes y pertinentes, siguiendo a Bruno, “la regla debería ser la opinión negativa y que ello dé lugar al inicio de procesos de exámenes exhaustivos de cuentas y de responsabilización administrativa y política”. Asimismo, el especialista señaló que la AGN debería hacer un seguimiento regular y oportuno del caso, ajustando sus acciones de observación a la gravedad.

Abstención no
Forlano trabajó desde 1993 hasta el 2000 en la AGN como Gerente General del Sector Público No Financiero; de 2012 a 2018, como Subgerente de Transferencias y Gerente de Entes Reguladores y Empresas de Servicios Públicos. En su primera etapa, observó muchas abstenciones de opinión en varias de las empresas estatales por falta de inventarios o incorrecta valuación en Bienes de Uso y en Bienes de Cambio.

Según contó, no había detalle de créditos, ni de deudas por lo que terminaban absteniéndose dado que estas falencias tenían un impacto relevante en el total del patrimonio.

Si bien la abstención de opinión en general es un procedimiento admitido por la profesión contable, Forlano no lo considera conveniente en los dictámenes de empresas públicas «Salvo al emitir opinión de la Cuenta de Inversión de cada ejercicio, dado que al consolidar los distintos estados contables de los organismos descentralizados y al no contar con inventarios confiables entre otras falencias, no queda otra alternativa al dictaminar que recurrir a una abstención de opinión para evaluar los estados contables patrimoniales. Pero en las empresas del Estado y organismos debería evaluarse directamente la gestión. La AGN como un organismo de control público superior debería hacer informes donde dictamine de forma favorable o desfavorable, no abstenerse”, dice.

Forlano tiene una larga trayectoria en organismos de control como la ex Sigep, el ex Tribunal de Cuentas de la Nación y hoy es parte de la Auditoría Interna del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

“Los organismos de control público no cumplen suficientemente con la función que les corresponde. Deberían elaborarse informes de gestión donde se analice si se cumple con la función para la que fue creado, los objetivos, si el gasto que ejecuta le brinda un verdadero retorno a la sociedad. Tiene que ser un informe que remarque los problemas, las recomendaciones, los aspectos positivos, hacer una conclusión como corresponde y así se podría evitar la abstención de opinión”, explica.

“Hay entes reguladores, por mencionar un ejemplo, que tienen presupuestos importantes, pero no le dan respuesta al ciudadano. No hay atención ni respuesta oportuna. De esta forma los organismos de control están en una situación de pasividad, los informes salen tarde, son extemporáneos, es como hacer una autopsia de un cadáver para determinar las causas de su defunción, pero no permite establecer una acción correctiva con oportunidad”, comentó Forlano.

Muchas empresas o entes no modifican o no corrigen las observaciones que se repiten año tras año, reiterándose las abstenciones de opinión. “No hacen nada para cambiar o resolver los problemas dado que no se le otorga relevancia a la faz administrativa debido a que los funcionarios están abocados exclusivamente a los temas urgentes de la gestión. No se van encarando cada una de las falencias o debilidades para levantar las abstenciones. Muchas veces, se dejan de lado las recomendaciones de la auditoría que se van repitiendo a través del tiempo”, finalizó Forlano.

El caso de Anses
Durante 20 años, desde 1993, los informes sobre la Anses recibieron, por parte de la AGN, abstención de opinión. “No había una razonable certeza respecto de la magnitud y el signo de su patrimonio neto, por carencia de valuaciones actualizadas e integrales de activos y deudas”, recordó Bruno, quien fue parte de algunas de las auditorías anuales que se hicieron sobre los estados contables financieros del organismo previsional.

Luego de muchos años, “se llegó a comprender la naturaleza del problema y la importancia de su solución para la integridad y credibilidad de la gestión previsional”.

“Las autoridades directivas de la entidad auditada solicitaron los apoyos y colaboraciones técnicas necesarias para su resolución. Al cabo de cierto tiempo, toda la tarea desplegada para el relevamiento y valorización de activos fijos y de otras partidas contables hizo que mejorará sustantivamente la calidad de la información. Así, la situación financiera y patrimonial de la Anses comenzó a recibir opinión favorable de parte de la AGN”, concluyó Bruno.

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