Renzo Rodríguez tiene 30 años, vive en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, con su pareja y su hijito de 6 años. Hasta el 8 de abril de 2021 trabajaba como encargado de depósito en el supermercado Comodín de esa ciudad del norte salteño.
Ese día su vida dio un vuelco. Poco después de las 18 fue detenido por cuatro integrantes de la Brigada de Investigaciones que lo llevaron a la sede policial y lo torturaron durante horas pretendiendo que asumiera responsabilidad en un robo y señalara a otras personas como cómplices. Cuando recuperó su libertad, denunció esta violencia y se inició un proceso penal que todavía espera resolución. En esa espera, Rodríguez perdió su trabajo, y sufre amenazas y hostigamiento continuo de la Brigada, con el agravante de que desde mayo sus agresores están nuevamente libres. Esta circunstancia lo llevó a exponer su situación públicamente.
El 8 de abril de 2021, después de salir de su trabajo, a las 18, Rodríguez recibió un llamado del encargado avisándole que debía regresar porque lo buscaban tres hombres y una mujer de la Brigada de Investigaciones.
Cuando llegó, los policías le dijeron que lo buscaban para «una declaración nomás”. Una vez en la Brigada lo interrogaron, “pero eran cosas verbales nomás, que no anotaban nada de nada». Rodríguez contó que así lo tuvieron «un rato», ellos preguntando y él respondiendo, insistiendo en que nada tenía que ver con el robo y no podía señalar a nadie. Hasta que uno le quitó el celular, él le recriminó esta acción y como respuesta recibió «un chirlo» en la nuca.
Rodríguez detalló que los policías le daban nombres de personas a quienes señalaban como partícipes del robo al supermercado, entre ellas su hermano, también el ex gerente de la sucursal, el encargado de ese momento y “Después tenían nombres así de algunos changos del barrio (Balut) donde yo vivo» a quienes también responsabilizaban por el robo.
Por eso le pegaban, y un policía le puso las esposas: «Me hacen arrodillar, viene uno y me pega una patada, viene otro y me pega una piña». Después le pusieron una bolsa negra de plástico en la cabeza y encima otra tipo consorcio. Y cuando en la desesperación por la asfixia casi tira una computadora, uno propuso llevarlo al fondo.
Ahí “empieza la tortura”, recordó Rodríguez. Pusieron música en un equipo que tenía parlante para que no escucharan sus gritos, y «decían vos no te la vas a bancar, hablá”. Y lo insultaban. «Me tiran al piso con la bolsa y me empiezan a pegar, patadas, piñas, todo del cuello para abajo, en la parte del cuerpo”. “Después me amenazan, uno prende un taladro, que decía que quería taladrarme la espalda, después nombran un chango del barrio y dicen nosotros sabemos que él ha llevado la plata. Hablá», contó Rodríguez, añadió que todo el tiempo negaba participación en el robo y tener información sobre la participación de las otras personas.
Como parte de la tortura, le pusieron un barbijo («primero está la salud», le dijeron como si fuera una broma), y le pusieron otra vez la bolsa en la cabeza, «uno me tenía con la bolsa y otro me pegaba». En ese momento «ya eran cuatro» los policías que lo golpeaban. El cuarto era «un flaco alto, de pelo negro». «Él me pegaba, el otro me agarraba las esposas, el otro me agarraba la bolsa, y me tenían así parado para que no me caiga» y «un oficial petiso» se fijaba por la puerta si alguien llegaba.
Finalmente, ya sin celular, y sin billetera, lo llevaron a un calabozo, donde había otro joven y los policías lo previnieron de que no contara sobre la tortura. Media hora después, en el cálculo de Rodríguez, lo sacaron y lo llevaron otra vez a la oficina donde había empezado el interrogatorio y otra vez lo conminaban a que asumiera haber participado del robo. Otra vez lo negó y otra vez lo llevaron a la celda, mientras los policías «se van a comer al fondo».
Tras eso, ya a la madrugada, lo sacaron de nuevo y lo llevaron en un automóvil particular a dar vueltas por el 20 de Febrero y en cercanías al supermercado. «Me empiezan a amenazar que no diga nada, que si decía algo la iba a pasar mal yo y mi familia» y uno de ellos propuso: «Que tal si lo llevamos al basural y lo matamos, total nadie va a escuchar los gritos, nada». Al final, volvieron a la Brigada, le sacaron las esposas, lo mandaron a lavarse y le permitieron irse, ya pasadas las 2.
Rodríguez intentó denunciar esta violencia ese mismo día pero en el destacamento del barrio Balut no se la quisieron tomar, entonces fue a la guardia del Hospital Público San Vicente de Paul, pero el médico se negó a darle un certificado con la excusa de que debía ser visto por un médico de la fuerza policial, aunque otro médico llenó el formulario señalando las lesiones que tenía y el 12 de abril, tras conseguir un abogado para que lo ayudara, logró hacer la denuncia en la Fiscalía. Entonces identificó al oficial Enzo Matías Anagua y a los sargentos Gerardo Ricardo “Caimán” Páez y David David Morales, y acusó también al cuarto policía que lo torturó.
Esa investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos y el 23 de abril Anagua, Páez y Morales fueron detenidos. Y a finales del mes fueron apresados otros ocho policías, con los que el número de detenidos involucrados en esta causa llegó a 11 en ese momento.
Un cambio de política
«La causa marchaba todo bien y bajo una situación de normalidad hasta diciembre, inclusive se habían determinado las fechas para juicio para principios de año», contó el abogado de Rodríguez, Pablo Cardozo. Pero a finales de diciembre se presentaron recursos que elevaron el expediente al Tribunal de Impugnación y el proceso quedó paralizado. A estas alturas, dijo el abogado del denunciante, el trámite sufre una postergación “ya catastrófica” porque no hay nueva fecha de juicio.
Encima, en febrero pasado el juez Edgardo Laurenci, de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, donde debería realizarse el juicio oral, revocó la prisión preventiva de Anagua y lo mismo dispuso a finales de marzo, a favor de Morales y Páez.
Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Públicio Fiscal de Salta confirmaron a Salta/12 que el expediente de esta causa está en Impugnación, a la espera de una resolución. El MPF añadió que el fiscal interviniente en la actualidad, Gabriel González, dió instrucciones para que este lunes se insista ante el Tribunal en busca de un avance.
“Hoy por hoy estamos en un punto absolutamente muerto”, ratificó Cardozo antes de especular: «Parece que hubo algún tipo de influencia por política para que este quede en el nada”. Afirmó que hubo “un cambio de política criminal” y que parece que hubiera una “protección general” para los policías involucrados en estos hechos.
“Hay un detalle no menor, las fiscalías acá en Orán trabajan siempre en conjunto con la Policía, en general todo esto que le ha pasado a Renzo no es ni más ni menos que parte del folclore policial judicial para investigar los crímenes. No es algo extraordinario», sostuvo el abogado. Y volvió a la idea de que al parecer «(se) hace la vista gorda ante ciertos mecanismos, por decir de alguna manera, de investigación que tiene la policía” porque «no puede ser que todo un cuerpo policial, como la Brigada acá, trabaje de esta manera y que la fiscalía no haga nada». Es más, señaló Cardozo, un síntoma de esto fue que «se haya tenido que hacer cargo la Fiscalía de Derechos Humanos de Salta para que (la investigación) se mueva”.
«Que se haga justicia»
La demora en la realización del juicio, y la libertad de los acusados, genera un doble malestar en el denunciante, que viene denunciando el hostigamiento de miembros de la Brigada de Investigaciones. “Encima la han amenazado a mi señora, yo estoy custodiado por la Federal ahora. A ella la han amenazado que yo me cuide».
“Él ha sufrido hostigamiento durante mucho tiempo”, policías de la Brigada pasaban por el frente de su casa y tuvieron que hacer la denuncia penal para que le otorgaran custodia de la Policía Federal, amplió Pablo Cardozo.
“Ahora me dicen que están en libertad, pero yo no entiendo por qué están en libertad, si ellos me han pegado, me han hecho de todo a mí”, lamentó en la conversación con Salta/12. Rodríguez añadió a esta situación el daño a su nombre: “Me han tenido como un delincuente, siendo que yo tengo 30 años nunca conocí lo que es la cárcel. Siempre trabajé, no tengo antecedentes, nada”. La explicación que se le ocurre es que quizás solo estaban buscando a alguien para culpar y apuntaron a él porque «yo era el único (empleado del supermercado) que vivía en la orilla”.
Y ahora, tras la difusión de la acusación por el robo, Rodríguez dijo que no puede conseguir empleo, contó que estuvo trabajando en otro negocio pero lo despidieron luego de que fueran policías a comentar sus presuntas sospechas. Por el robo al supermercado fueron acusados siete empleados de ese comercio, tres de ellos fueron despedidos, entre éstos, Rodríguez.
“Estoy pidiendo que se aclare todo y que se haga justicia”, que se busque la verdad, “ellos me hicieron daño a mí”, tanto psicológico como físico; «quiero que se haga justicia, para que la gente de acá que me conoce sepa que yo no hice nada, porque yo soy una persona de bien, no soy una persona que hace mal«, insistió Rodríguez.
