Pocos países exigen a las empresas que calculen y publiquen sus balances de emisiones de gases de efecto invernadero, pero las legislaciones se multiplican, especialmente para los mayores líderes y los grupos que cotizan en bolsa. Aún así, cada vez son más quienes analizan su huella de carbono y apuestan por cuidar al planeta.

Ante la magnitud de la tarea para reducir las emisiones y los riesgos de «lavado verde» por parte de las empresas, los expertos destacan la importancia de conocer las etapas del cálculo que pueden ser una obligación, legal o una medida voluntaria.

A la espera de que se elabore una norma universal, existen tres metodologías principales: el GHG Protocol (Estados Unidos), el Balance de Carbono (Francia) y la norma ISO 14067 (Internacional), desarrolladas a principios de 2000 y compatibles entre sí a pesar de algunas diferencias.

Cómo se clasifican las emisiones por sectores

  1. Emisiones directamente vinculadas con las actividades de la empresa (combustión in situ, flota de vehículos, etc)
  2. Aquellas vinculadas con la producción de la energía que consume (electricidad, calor/frío)
  3. Vinculadas indirectamente a la producción en sentido ascendente (compra de bienes y servicios, transporte, bienes inmovilizados, desplazamientos profesionales, inversiones) y en sentido descendente (residuos, utilización y fin de vida de los productos, franquicias, entre otros)

Las obligaciones legales solo se refieren a los puntos 1 y 2, pero para Fanny Fleuriot, coordinadora de contabilidad del carbono de la Agencia de Medio Ambiente y Control de la Energía (Ademe), «limitarse a ellos equivale a perder 70% de su impacto», ya que el punto 3 representa a menudo la mayoría de las emisiones.

Cómo se analizan las guía sectoriales

El primer paso es identificar los principales puntos de emisión y decidir si se recurre a un organismo especializado, explica Fanny Fleuriot.

En tanto, las empresas definen el año que servirá de base para los objetivos de reducción -a menudo el del primer balance- y el perímetro.

Sanciones internacionales por la cantidad de gases de efecto invernadero

  • Desde 2013, la Companies Act obliga a las empresas en el Reino Unido que cotizan en Bolsa a incluir en su informe anual la cantidad de gases de efecto invernadero emitida por los puntos 1 y 2.
  • Desde abril de 2019, esta obligación también se aplica a las grandes empresas y a algunas otras que consumen más de 40.000 kWh de energía.
  • El departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) proporciona una metodología y una base de datos.
  • En Francia, las empresas con más de 500 empleados deben publicar y actualizar cada cuatro años su balance de emisiones y su plan de transición desde 2010.
  • A partir de 2019, se puede aplicar una sanción de hasta 10.350 dólares (20.700 dólares si hay reincidencia) en caso de incumplimiento o no conformidad.
  • En 2018, la obligación afectaba a unas 3.200 empresas, con una tasa de cumplimiento del 36%, según la Agencia de Medio Ambiente y Control de la Energía (Ademe).
  • En Japón, la obligación -que data de 2006- afecta a las empresas de determinados sectores (energía, transportes), así como a las que tienen más de 20 empleados y emiten más del equivalente de 3.000 toneladas de CO2.

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