El fiscal federal Franco Picardi busca dilucidar si la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista le dejó de “regalo” una bomba sin conectar –a modo de mensaje mafioso– a un funcionario del Ministerio de Defensa que estaba a cargo de las relaciones internacionales de esa cartera, un área que también concentraba los intereses del organismo que dirigía Gustavo Arribas.
Un día antes de que comenzara la feria de invierno, Picardi pidió una serie de medidas para determinar si un grupo de agentes de la AFI estuvo detrás de una serie de actos intimidatorios contra José Luis Vila, que ocupó la secretaría de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa durante la gestiones de los radicales Julio Martínez y Oscar Aguad.
Vila, también de origen radical y con una larga trayectoria en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), empezó a recibir distintas intimidaciones desde marzo de 2018. Un día, aparecieron panfletos difamatorios en los jardines del Edificio Libertador. Otro día llegó una mujer al edificio donde había vivido con su familia repartiendo unos escritos similares en los que les preguntaba a los vecinos si sabían quién era Vila. A los pocos días, la entonces directora nacional de Inteligencia Estratégica Militar María Noel Costa recibió una foto de una mujer desde el número que pertenecía a Vila, pero él no había mandado ese mensaje. Al mes, atendió un llamado y un hombre le dijo: “Si querés a tu familia, andate ya”. La llamada había salido del propio Ministerio de Defensa. La frutilla de la torta fue la bomba sin conectar que apareció el 6 de julio de 2018.
Un año y medio después de ese episodio, un detenido por tráfico de drogas que tenía el juez de Lomas de Zamora Federico Villena mencionó en su declaración indagatoria que había sido él quien había llevado el artefacto hasta el edificio de la avenida Callao. Sergio Rodríguez –más conocido como “Verdura”– siguió declarando y dio más precisiones: dijo que había transportado la bomba a pedido del abogado Facundo Melo, que le había prometido cierta protección de la AFI para sus negocios.
Melo, para entonces, integraba el grupo de espías conocido como Súper Mario Bros y seguía teniendo su estudio jurídico en el centro de Lanús. La declaración de “Verdura” fue lo que disparó la investigación por espionaje sobre ese sector de la AFI que se inició en 2020 en Lomas de Zamora y estuvo inicialmente en manos de Villena –hasta que la Cámara Federal de La Plata lo apartó–.
Al analizar los teléfonos que estaban secuestrados en esa causa, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide encontraron documentación que involucraba a los Súper Mario Bros y apuntaba hacia las altas esferas de la AFI. Por ejemplo, vieron cómo los agentes diseñaron textos difamatorios contra Vila que después eran aprobados por el entonces director operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra. Los fiscales también hallaron mensajes entre Jorge “Turco” Sáez y Leandro Araque con fotos de los panfletos contra el entonces funcionario. Araque también tenía una imagen de la bomba que habían dejado en el edificio de avenida Callao, mientras que Emiliano Matta –otro agente– había mandado un mail con un texto que tenía como título Susto y daba detalles de lo que había pasado en la exvivienda de Vila.
Melo siempre negó la tratativa con “Verdura”. De hecho, Melo sostuvo que la descripción que el detenido por drogas hizo de su estudio jurídico no se condice con la realidad y atacó otros puntos de las declaraciones que fue dando ante el juez Villena.
Sin embargo, para el fiscal Picardi, hay elementos para dilucidar cuál fue el rol que tuvieron Dalmau Pereyra, los Súper Mario Bros y el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz. En ese sentido, el fiscal le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que le reclame al Ministerio de Defensa información acerca de si algunos de ellos entraron a la dependencia ubicada en la calle Azopardo al 250 entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2018.
Además, Picardi reclamó que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata informe qué líneas usaba “Verdura” en 2018 y que la AFI responda si en ese año esos agentes tenían teléfonos asignados. El objetivo es saber si hubo comunicaciones durante ese período con “Verdura” o si triangulaban los llamados a través de alguna otra persona.
El fiscal también pretende saber si la AFI inició en 2018 algún tipo de investigación después de que Vila denunciara que le habían dejado una bomba sin activar. Es lo que hubiera correspondido porque Vila fue un agente de «La Casa» desde el retorno de la democracia hasta 2015. Hay una información adicional: el columnista de La Nación Carlos Pagni declaró ante la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) que el propio Gustavo Arribas pensaba que Vila aspiraba a quedarse con su puesto. El entonces Señor Cinco se lo manifestó un día que lo citó –a pedido de Mauricio Macri– después de que Pagni publicara una nota que desnudaba parte del espionaje durante la era Cambiemos.
Los tentáculos del espionaje
Las amenazas a Vila tramitan como un expediente conexo a la causa de los Súper Mario Bros. Es un hecho más que muestra a la AFI en acción durante la gestión Cambiemos y cómo los tentáculos del espionaje también se aproximaron a funcionarios de la propia administración. En otro tramo de la causa, quedó acreditado que los Súper Mario Bros hicieron tareas de inteligencia ilegal sobre Horacio Rodríguez Larreta o Diego Santilli y que siguieron a los diputados Emilio Monzó y Nicolás Massot. Los espías también husmearon en la vida de la hermana menor de Mauricio Macri, Florencia, y de su pareja, Salvatore Pica.
El juez a cargo de todos esos capítulos del espionaje macrista, Martínez de Giorgi, reclama también quedarse con la investigación sobre la llamada «Gestapo» antisindical, que es la única causa que tramita fuera de la órbita de los tribunales de Comodoro Py. De la mano del juez Ernesto Kreplak, en ese expediente están procesados tres pesos pesados de la AFI macrista –el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano, el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y el exjefe de gabinete Darío Biorci– y el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, que fue quien, en una reunión filmada por la propia AFI, se entusiasmó con la creación de una “Gestapo” para terminar con los sindicatos.
Antes de la feria, el camarista Eduardo Farah dijo que la Cámara de La Plata debe decidir dónde sigue la pesquisa. El tribunal platense también tiene para revisar los procesamientos que dictó Kreplak. “Esperamos definiciones”, dijo a Página/12 el abogado César Albarracín, que encabeza la querella del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. “Esperamos fundamentalmente que se avance en la imputación de los máximos responsables de la mesa judicial, que, en este caso, son Mauricio Macri y María Eugenia Vidal junto con sus colaboradores de máxima confianza. Algunos de ellos continúan hoy en cargos de máxima relevancia, como es el caso del procurador bonaerense Julio Conte Grand”, reclamó.
