Tras el pedido de condena de la fiscalía contra Cristina Kirchner, dirigentes de la oposición de izquierda se diferenciaron de la derecha y cuestionaron la persecución a la vicepresidenta.

La diputada nacional del FIT-U Myriam Bregman señaló que CFK sufre una “persecución política” que además “incluye un antidemocrático pedido de inhabilitación” para que no pueda acceder a cargos públicos. Para Bregman, el modo de evitar que las acusaciones de corrupción sean usadas “como medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil», las causas «deben ser juzgadas por jurados populares”.

Desde la misma bancada, Nicolás Del Caño planteó su «rechazo al pedido de inhabilitación para CFK y que no le hayan permitido ampliar la indagatoria, elemental derecho de defensa”.

Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS, rechazó el pedido de la fiscalía contra la ex mandataria y lo consideró como un hecho de «persecución política», y agregó: «No tenemos dudas de los hechos de corrupción del kirchnerismo. Sin embargo, la Justicia aristocrática argentina pretende hacer un arbitraje desigual en relación con unos respecto de otros».

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