El Comité Nacional de Prevención de la Tortura se encuentra realizando monitoreos a instituciones de encierro en la provincia. En ese marco, ayer mantuvo reuniones con miembrxs de la Corte de Justicia salteña y con representantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura.
Las comisionadas Diana Conti, Rocío Alconada Alfonsín, Alejandra Mumbach, Andrea Troilo y el comisionado Gustavo Palmieri permanecerán en Salta hasta el viernes.
Constituido el 28 de diciembre de 2017, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura es un organismo de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde hay personas en situaciones de encierro. Tiene como finalidad actuar como órgano rector articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. También debe diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y promover la aplicación de directivas, recomendaciones y criterios a las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal.
El Comité puede realizar visitas sorpresivas en las instituciones carcelarias, comisarías, instituciones de salud de mental, y todas las que alojen a personas privadas de la libertad.
La comisionada Diana Conti dijo a Salta/12 que un equipo realizó inspecciones en las instituciones de encierro en Capital, Tartagal y Orán. También visitaron el Hospital de Salud Mental Miguel Ragone y otros centros de salud mental. Según indicó, los monitoreos no han terminado y los informes se conocerán después de cumplimentar un protocolo del Comité.
En paralelo, ayer comisionadxs del Comité mantuvieron un encuentro con la Corte de Justicia de Salta. «Tuvimos una reunión muy productiva donde quedamos relacionadas con el área de derechos humanos y otra serie de oficinas para el intercambio de datos que hacen a la construcción de nuestro registro nacional de tortura, de muertes en custodia, de lugares de encierro y otros que tenemos por mandato legal que construir”, indicó Conti.
El Comité también se reunió en la Casa de Gobierno con el vicegobernador Antonio Marocco; el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo. También participaron legisladorxs, funcionarixs de la Secretaría de Derechos Humanos e integrantes del Comité Provincial de Prevención de la Tortura.
“Abordamos cuestiones que hacen a la temática del encierro y del hacinamiento y de como tienen planificado ir resolviendo situaciones que tienen que ver con esa problemática”, contó Conti.
Lugares de detención
La falta de espacios para contener a las personas detenidas fue una de las cuestiones tratadas en los encuentros. Contí contó que «Se está gestionando con el Ministerio de Defensa» la posibilidad de usar «algunos predios edificados que eran del Ejército, sobre todo ubicados en Tucumán, que no tienen uso porque eran del Batallón de Comunicaciones».
Dijo que las autoridades salteñas también mencionaron la posibilidad de usar containers preparados especialmente para alojar a personas privadas de la libertad. Pero recordó que «El Comité Nacional de Prevención de la Tortura ya se ha expresado de forma adversa a la utilización de containers, mediante una recomendación cuando se quiso implementar en la provincia de Buenos Aires, nosotros abordamos la cuestión. Aunque se diga que es de forma transitoria todo lugar de alojamiento de personas privadas de la libertad tiende a hacerse luego consuetudinario, lamentablemente», explicó.
Consultada respecto a una denuncia de internos y sus familias en la Alcaidía 3 de Orán sobre las requisas vaginales a las mujeres y una niña de 12 años, la comisionada dijo que para el comité «son trato inhumano y deben ser desterradas de las prácticas argentinas. A través de scanners es posible detectar drogas o lo que se busca a través de esas prácticas que son la verdad antiguas y deteriorantes de la condición humana».
Conti dijo que también hablaron con las autoridades sobre cómo el Comité Nacional realizará la evaluación final de estos monitoreos institucionales: «con un informe confidencial y las autoridades de la provincia deberán contestar para luego llegar a un informe público. Es el procedimiento que hacemos en todas las provincias, por mandato legal”, indicó.
«Las preocupaciones respecto a estas problemáticas son comunes. Están compartidas, hay voluntad política de trabajar en conjunto sabiendo que contamos con escasos recursos del país y también en Salta», consideró Conti luego del encuentro con las autoridades salteñas. Se refirió tanto a recursos económicos como humanos limitados.
«Tenemos que agudizar la creatividad para que la vigencia de los derechos humanos en los lugares de encierro sea una realidad. Es el corolario más importante de las reuniones que mantuvimos y de las comunicaciones permanentes que tenemos con Salta y con todas las provincias argentinas respecto a estas problemáticas», concluyó Conti.
