La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, propuso adelantar las elecciones para abril de 2024 a través de un proyecto de ley enviado al Parlamento en medio de manifestaciones en distintos puntos del país que dejaron al menos dos muertos tras la destitución de Pedro Castillo.

Boluarte lo anunció en un mensaje difundido para todo el país en la mañana del lunes: «Interpretando la voluntad de la ciudadanía he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024».

El objetivo desde la presidencia es recortar en dos años el mandato iniciado por Pedro Castillo, quien dejó el cargo después de la aprobación por parte del Congreso de la tercera moción de vacancia (destitución) desde que asumió, por “incapacidad moral permanente” derivada de supuestos hechos de corrupción, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos mandatarios desde 2018.

Perú en estado de emergencia por protestas

Boluarte, después de asumir el pasado miércoles y conformar su gabinete, anunció un estado de emergencia en Perú por las zonas del país donde se registran actos de violencia.

Las protestas contra el nuevo gobierno y el Congreso de Perú se multiplicaron en el interior del país, donde rutas y aeropuertos fueron bloqueados, volvieron a chocar manifestantes y policías, y organizaciones sociales de una región llamaron a una huelga por tiempo indefinido a partir del lunes, informó la prensa local.

Dos muertos dejó este domingo un enfrentamiento entre policías y manifestantes que protestan contra el nuevo gobierno de Perú en la remota ciudad de Andahuaylas, anunció el ministro Interior César Cervantes a la radio RPP.

«Lamentamos el fallecimiento ya de dos personas y varios heridos tras los enfrentamientos. Exhorto a la población a la tranquilidad», dijo el ministro, poco después que la policía ya había anunciado la muerte de un manifestante.

El presidente de Perú, destituido y detenido

Castillo, destituido por el Congreso y detenido por 7 días desde el pasado miércoles, fue apoyado en las manifestaciones, en donde se pidió por su liberación.

El ex presidente, un maestro rural izquierdista, llegó a la presidencia en 2021 y fue detenido mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo y fue puesto el jueves en prisión preventiva por siete días. De ser hallado culpable de rebelión, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.

Castillo denunció desde la cárcel la visita de «un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro» que me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento». El ex mandatario se negó «por seguridad y mi integridad».

Según se conoció desde la Fiscalía, médicos legales visitaron al expresidente para tomar muestras con el fin de realizar una prueba toxicológica y así determinar si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia cuando pronunció el discurso por el que disolvió el Parlamento y estableció el estado de excepción.

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