«Hicimos mil kilómetros para ofrecerle al Presidente y a la sociedad una forma totalmente contraria a como nos han tratado, venimos a proponer diálogo, traemos el dolor de tener a nuestra machi (sanadora) presa, y él tiene todos los intrumentos políticos y legales para animarse a posicionarse del lado de la vida», dijo Iris Romero, una de las referentes mapuches que participó de la conferencia de prensa que se realizó en la sede de la CTA autónoma. Mauro Millán, lonko de Pillán Mahuiza, miró su celular y confirmó que serán recibidos por Alberto Fernández en la Casa Rosada. «No vamos a resolver un conflicto que tiene cien años, pero sabemos que la solución es política, el Comando Unificado fue creado por decreto para reprimir cualquier otra demanda y reclamo social o ambientalista, el Presidente lo puede derogar», planteó la vocera Soraya Maicoño sobre el envío de fuerzas federales a Río Negro para el desalojo de la comunidad mapuche de Villa Mascardi, el 4 de octubre pasado y que derivó en siete detenciones y varios pedidos de captura.

A pocos minutos de finalizado el encuentro, se conoció la decisión de la jueza federal Silvina Domínguez de trasladar a las cuatro mujeres mapuches –Luciana Jaramillo, Betiana Colhuan, Celeste Guenumil y Romina Rosas– de su prisión domiciliaria en Bariloche a las celdas de la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de esa ciudad para que asistan hoy a la primera audiencia remota del juicio en el que están acusadas de usurpación y otros delitos derivados de varias causas que acumuladas en un mega expediente. 

«¿Ésta es la justicia independiente? Esto es una infamia, el delito es excarcelable», repudió el coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo. En tanto, Isabel Huala también bajó la cabeza para mirar su teléfono, y luego contó que detuvieron a su hijo en la comisaría 28 de Bariloche, por una orden de Neuquén. «Basta de persecución, el Comando Unificado sigue operando, el genocidio no ha terminado», expresó. Romero recordó que junto a las mujeres presas están sus hijos. «Han encerrado a las infancias tal como encerraron a los ríos». Y sobre el encuentro con el Presidente indicó: «Van a testigos de cuánto les interesa realmente resolver el ‘problema’ mapuche, es una oportunidad histórica de ser distinto de una gobernadora en un mundo machista, capitalista y patriarcal».

Soraya Maicoño –vocera de las Lof de Cushamen y Quemquemtrew– explicó que traen el mandato de unas 300 autoridades de comunidades mapuches de Río Negro, Neuquén y Chubut, luego de una reunión que duró tres días, a finales del mes pasado. «Con qué criterios define Parques Nacionales la entrega de territorios que son de uso comunitario, identificamos a los responsables políticos que actúan en connivencia con el empresariado extractivista, que son quienes ambicionan nuestros territorios», dijo. «A los medios hegemónicos les decimos que vinimos a dialogar, a dar la cara», agregó. Y sintetizó los puntos del documento que presentarán en la Casa Rosada:

* La Lof Lafken Winkul Mapu es permanentemente estigmatizada mediante montajes de los medios hegemónicos que fundan los discursos de odio racial. Desde 2017 la comunidad ha presentado propuestas para el diálogo, en el marco de normas internacionales que reconocen la existencia de sitios sagrados indígenas, algo reconocido por Parques Nacionales dentro de su jurisdicción. También participó de la mesa alternativa de resolución de conflictos que convocó el estado nacional, para revisar la política de asignación de tierras de Parques, que excluye a comunidades mapuches y campesinas.

* Decidimos dar las explicaciones para que las instituciones estatales comprendan la importancia espiritual, cultural y de salud que el rewe machi implica para el pueblo mapuche, por medio de una pericia antropológica. Hemos hecho todo esto incluso cuando las fuerzas de seguridad del Estado violentaron a los integrantes de la Lof, al punto de asesinar a nuestro joven weichafe (guerrero) Rafael Nahuel Yem. La Administración de Parques Nacionales no respondió ninguna de estas demandas que se encuadran en la normativa de derecho internacional indígena que el Estado ha suscripto. Por el contrario, su respuesta fue la judicialización de nuestras demandas colectivas, llegando a la situación actual de encarcelar a nuestra machi, detener y perseguir a los integrantes de su comunidad, incluyendo a los niños y niñas.

* Tras el desalojo y las detenciones producidas el 4 de octubre hicimos diversas presentaciones, al Ministerio de Ambiente, del Interior y de Derechos Humanos. También explicamos al ministerio de Salud cómo funciona nuestro sistema de salud tradicional mapuche y las consecuencias que padecen decenas de pacientes de la machi Betiana Colhuan Nahuel. El 11 de octubre le pedimos al presidente Alberto Fernández en San Martín de los Andes la liberación de las lamguen (hermanas) detenidas, la desmilitarización de la Lof, la disolución del Comando Unificado creado para desalojar a la comunidad Lafken Winkul Mapu y para amedrentar al pueblo mapuche. En esa nota exigíamos el regreso de la machi libre a su rewe, para que podamos acceder a ese sitio sagrado en forma cotidiana y colectiva.

* No podemos permitir que nos sigan asesinando, el Estado nos debe el diálogo y la solución política como reparación histórica a nuestro pueblo. Exigimos la libertad de las jóvenes mujeres y madres que cumplen prisión domiciliaria por una pena excarcelable, y el derecho de nuestras infancias a crecer en su territorio comunitario, libres de violencia y en pleno ejercicio de su identidad. Al mismo tiempo, denunciamos que las instituciones que deben velar por las infancias no han garantizado los derechos de nuestros niños y niñas. También denunciamos el racismo de todas las decisiones judiciales contra esa comunidad, violando el debido proceso, las garantías constitucionales, los derechos indígenas y los derechos de las infancias. 

A su turno, Millán mencionó que «la defensa colectiva del territorio es política, es la defensa del río, la tierra en forma antagónica al extractivismo capitalista». Para él, «hablar de una machi es algo muy íntimo para nosotros, su levantamieto es un momento único, quizás nuestra última oportunidad para reconstituir nuestra forma organizativa, porque tenemos la capacidad de decodificar las fuerzas de la naturaleza». Y planteó que el aparato judicial es un mamarracho que tiene cada vez más gente judicializada. «Pretenden dirimir lo que llaman el conflicto mapuche con el Código Penal, cuando acá el Estado está conflictuado», dijo. 

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