Con la presencia de 21 senadores y presidida por el vicegobernador Antonio Marocco, la última sesión del año de la Cámara de Senadores de Salta se desarrolló ayer con la tranquilidad que otorga la mayoría casi absoluta. Se trataba el proyecto de presupuesto general de la provincia para 2023, que ya contaba con la aprobación en Diputados, y se sucedían los discursos de senadores oficialistas, con pocas notas discordantes, hasta que el representante del departamento Cachi, Walter Wayar (Frente de Todos), cuestionó el proyecto en sí mismo y la forma en que se lo había tratado, anunciando su voto negativo. 

Si bien su intención no alcanzó a torcer la votación a favor de la aprobación del presupuesto, que ayer pasó al Poder Ejecutivo Provincial para que promulgue la ley, Wayar tuvo la virtud de poner en la agenda pública salteña la cautelar por la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación benefició a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en detrimento de las provincias en la distribución de los recursos coparticipables. 

El gobernador Gustavo Sáenz participó ayer de la reunión con el presidente Alberto Fernández pero oficialmente la provincia decidió no decir palabra al respecto, o al menos es lo que se dijo a través de los canales de difusión. Pero ayer en el Senado, el vicegobernador Antonio Marocco respondió a las palabras del senador por Cachi cuestionando él también el fallo de los supremos. 

El vicegobernador resaltó el valor del debate en la vida democrática, «porque lo que la política no debate, lo pone en deuda, y cuando entramos a deber desde la política ocurren las cosas que ocurren, que hoy tengamos la parcialidad de una Corte de Justicia». Llamó la atención sobre la paralización de la Cámara de Diputados nacional por la ausencia de la oposición, aunque lamentó que bien podrían preguntarse «para qué discutir leyes» y «buscar consensos» y debatir, «si después terminamos gobernando con cautelares«. «Estas son las cosas que nosotros desde la política vemos con mucha preocupación», sostuvo. 

Wayar fue uno de los últimos en exponer en el debate sobre el presupuesto provincial. Anunció que por primera vez en su vida iba a votar en contra de un presupuesto en general y señaló que lo hacía porque priorizaba «lo institucional». Sostuvo que hubo irregularidades en la discusión de la ley madre, porque la Constitución provincial establece que el presupuesto debe ingresar por Diputados y ser tratado luego por el Senado, funcionando como cámara revisora, pero en este caso eso se eliminó porque el proyecto fue analizado en comisiones por diputados y senadores de manera conjunta. Se habló de una bicameral, pero «no existe una bicameral», aclaró, algo que fue reconocido luego por el senador informante del proyecto, Jorge Soto (Compromiso por Salta, Anta), presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja, aunque lo explicó diciendo que lo hicieron al solo fin de agilizar la actividad y que en realidad no fue un análisis conjunto. 

Wayar sostuvo que con cuestiones como esta se ataca a la política. «Y no quiero ser parte de eso», declaró. Entonces comenzó a cuestionar a los jueces de la Corte Suprema. «¿Dónde está el artículo de la Constitución Nacional, porque no lo conozco, que dice que la Corte puede determinar el presupuesto de la Nación?», y el máximo tribunal nacional dice que no le están quitando nada a las provincias, sino al gobierno nacional, cuando la Nación «es la decisión política de las provincias preexistentes que decidieron construir una nación y una república. La nación son las provincias mismas, qué me vienen a decir que no le han quitado a las provincias», levantó la voz. 

Recordó lo que todos los legisladores saben que el presupuesto salteño tiene «miles y miles de millones» de la Nación, de hecho, el 77% de los recursos previstos para 2023 provienen de aportes nacionales. «Muchas obras capaz que se caen, y dicen que no le han quitado a las provincias», insistió. También cuestionó, sin decirlo directamente, a los senadores porque no hablaban de esto. «Los señores gobernadores deberían estar reunidos» pidiendo juicio político a la Corte, igual que los legisladores nacionales, «cuatro personas que creen que están por encima de la Constitución«, por encima de la Nación y los demás poderes de la República, ratificó. 

Además, Wayar señaló «otras cosas que marcan claramente que el presupuesto no es un presupuesto», las seis leyes de emergencia aprobadas en la provincia (ayer mismo el Senado aprobó una nueva prórroga a la emergencia económica, que viene extendiéndose desde marzo de 1990), lo que muestra, dijo, que «la excepción es la regla». Con seis leyes de emergencia, el presupuesto queda «al libre albedrío del Poder Ejecutivo», «ha dejado de tener sentido», aseguró. 

«Esperemos que se cumpla» 

El encargado de presentar el proyecto de presupuesto 2023 fue el senadorMarcelo García. Empezó por el contexto internacional, la guerra, la pandemia, la suba de precios de la energía, la inflación global, la desaceleración de la economía, y siguió por el panorama nacional, con la consabida crisis, para llegar a los datos duros del presupuesto provincial, de más de 618 mil millones de pesos, un 128% más que el de este año que ya fenece, destacó el legislador del oficialismo. 

El 77% de esos recursos proviene de aportes nacionales, el 23 restante es de fuentes propias, en gran medida provenientes de impuestos a las actividades económicas, afirmó García. 

En cuanto a los gastos previstos, recordó que la mayor parte, el 85%, va a las áreas de Educación, Salud y Seguridad. «El Ministerio de Educación encabeza el reparto de los recursos con más de 192 mil millones de pesos con un incremento respecto del año anterior, del 135%», leyó. El 79% de esos recursos van a personal, el insumo más importante en esta área. El Ministerio de Salud tiene destinados 111 mil millones con un incremento del 130%, «y en tercer lugar el Ministerio de Seguridad y Justicia con 79 mil millones de pesos». 

Además de otros aspectos, resaltó que el presupuesto es federal porque hubo discusiones por regiones, tiene perspectiva de género, y prevé programas dirigidos a achicar la brecha entre personas de género masculino y las de género femenino y otros géneros, curiosamente, incluyó en estos programas la Copa de Leche. 

Le siguieron intervenciones a favor de la aprobación de la iniciativa. Solo dos legisladores mostraron ciertas prevenciones, aunque adelantaron que iban a votar a favor. 

«Esperemos que se cumpla» la previsión de obras de 2023, empezó deseando Manuel Pailler (Todos, de San Martín). Dijo que no conocen el porcentaje de cumplimiento de este año porque no les fue informado por el gobierno. Y reclamó que el Senado había aprobado que se incluya la construcción de 50 viviendas en Aguaray y no figura. «Desde hace más de 15 años que no se construyen viviendas en la localidad de Aguaray y es uno de los problemas fundamentales» de ese lugar, aseguró. García le respondió que se van a hacer 35 viviendas. 

Pailler, que es médico, también reclamó que no se haya previsto presupuesto para la salud mental, cuando la ley nacional dice que se debe destinar hasta un 10% del total de Salud Pública. 

El otro que llamó la atención sobre algunos aspectos fue el senador Walter Cruz (Compromiso por Salta, Iruya), «a veces hay que hacer un mea culpa». Dijo que son necesarias más obras, que hay todavía hay escuelas rancho en la provincia. «Uno sueña que las rutas de acceso a Isla de Cañas y a Iruya sean más consolidadas todavía, que los caminos vecinales que conectan a nuestras comunidades entre sí también tengan presupuesto», deseó. 

«En materia de salud, ojalá que este incremento sirva para la implementación de la Red Sanitaria de Salud para los pueblos indígenas«, que preveía acompañantes hablantes de ambos idiomas pero hasta ahora no se ponen práctica, se quejó. 

Y exigió que el presupuesto en Educación sirva para no cerrar escuelas mientras haya alumnos, contó que en el colegio de Las Higueras, «en su aula 3, que es Alfarcito, tenemos ocho chicos, pero esos ocho chicos también merecen la oportunidad de tener una educación de calidad«. En este punto cuestionó los pluricursos que impulsa la cartera de Educación: «Un pluricurso les va a quitar oportunidad a estos chicos. Si ahora tenemos cuatro horas, por ejemplo, de matemáticas, vamos a tener cuatro horas pero para los cinco cursos, y eso claramente viene a desmejorar la educación, no viene a darle calidad, y justamente viene a desmejorar la educación en colegios enclavados en comunidades indígenas» y «nosotros tenemos los mismos derechos que los que están en la ciudad». 

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