La convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias ingresó finalmente ayer, lunes, al Congreso. Pero el abroquelamiento de Juntos por el Cambio en defensa de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) apunta a bloquear el funcionamiento legislativo y demanda que el Gobierno baje el pedido de Juicio Político a los cortesanos. En tanto, desde el Frente de Todos buscarán poner en marcha las comisiones que deben tratar los distintos proyectos que el Ejecutivo incluyó en el ambicioso temario para empezar a discutir a partir de la semana próxima, cuando arranca el periodo extraordinario que se extiende hasta el 28 de febrero. Allí comenzaría a dilucidarse el posicionamiento que asumirán el resto de los bloques opositores frente a cada uno de los proyectos (muchos de ellos de carácter económico y social) y abrir las negociaciones para evitar la paralización del Parlamento.
Juntos por la Corte Suprema
La mesa nacional de JxC decidió bloquear toda la actividad parlamentaria si el Gobierno no retira el pedido de enjuiciamiento a la CSJN, aunque resolvió que los diputados del interbloque macrista asistirán a la comisión de Juicio Político para asumir la defensa de los cortesanos. “Supeditar todo el temario al trabajo de una comisión es por lo menos muy caprichoso”, sostuvo ante PáginaI12 una de las espadas parlamentarias del FdT en Diputados frente a la actitud de la principal bancada opositora. Aunque hubo calificaciones más duras sobre la decisión opositora. “Su postura es profundamente arbitraria y antidemocrática”, deslizaron desde el FdT. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, le pidió a la oposición que “no extorsione a la sociedad”, cuando hizo pública la convocatoria a extraordinarias.
JxC, en tanto, redobló la apuesta y amplió sus exigencias sobre el capítulo judicial de la convocatoria. “Quieren que retiremos el proyecto de Juicio Político y que saquemos del temario Consejo de la Magistratura y Ampliación de la Corte”, reconocen en el oficialismo.
El bloqueo opositor también alcanza al Senado. Por lo que la propuesta del Ejecutivo de poner en marcha el proceso de nombramiento del juez Daniel Rafecas como Procurador general (cuya inclusión sorprendió a propios y extraños) tampoco tendría posibilidades de prosperar. La designación de Rafecas para reemplazar al eterno interino Eduardo Casal había sido una de las propuestas iniciales de la gestión de Alberto Fernández pero fue rechazada por JxC. Aunque algunos senadores del interbloque opositor manifestaron que estaban dispuestos a debatir la propuesta, el proceso nunca se abrió en la Cámara alta.
Amigos son los amigos
Donde sí dará debate el interbloque macrista será en la comisión de Juicio Político, en la que acumula adhesiones en contra del enjuiciamiento a los supremos. Allí se sumó una que los cortesanos estaban esperando de sus propios amigos. “La Asociación por los Derechos Civiles observa con gran preocupación el intento del Poder Ejecutivo de promover un juicio político contra todos los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Si se tiene en cuenta que esta constituye, desde los comienzos mismos de nuestra vida institucional, el garante final de la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, consideramos inadmisible que se intente remover de sus cargos a los magistrados de la Corte Suprema con argumentos que, principalmente, se basan en el contenido de sus sentencias”, dice el comunicado de la ADC, de la cual el supremo Carlos Rosenkrantz es uno de sus fundadores.
Las comisiones como estrategia
Sin puentes de diálogo con JxC, al oficialismo le queda sondear cúal será la postura que adoptará el resto de los bloques opositores frente a un temario que va más allá de la agenda judicial. La agenda incluye temas económicos y sociales, algunos de los cuales tenía el visto bueno de sectores de la oposición. Desde la moratoria previsional que crea un plan de pago para que un universo estimado de 800 mil personas (la mayoría mujeres) puedan acceder a la jubilación hasta la creación de ocho nuevas universidades nacionales, pasando por la ley de Tránsito sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos y un Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales.
Para el ministro de Economía, Sergio Massa, también son fundamentales el blanqueo de bienes y de capitales no declarados en el exterior tras el acuerdo firmado con Estados Unidos de intercambio de información fiscal; así como la ley de desarrollo agro-industrial. «Una oposición seria se correría de lo de la Corte y se sentaría a mejorar las leyes», sostuvo el ministro sobre la posición del bloque opositor en el Congreso en una entrevista periodística concedida el fin de semana.
Por eso en el oficialismo apuestan a poner en marcha las comisiones que deben abordar cada uno de los proyectos que el Ejecutivo incluyó en las extraordinarias. Allí podrán evaluar el comportamiento de cada bloque opositor para encarar negociaciones proyecto a proyecto –como lo venía haciendo hasta ahora— y evitar la parálisis del Congreso.
Respuestas opositoras
“Alberto Fernández lanzó su reelección el 1° de enero anunciando que va a voltear la Corte y a las pocas horas amenazaron con modificar el Consejo de la Magistratura por DNU. En ese contexto, si Massa quiere tratar los temas económicos, que lo arregle con el Presidente y no le echen la culpa a la oposición”, aseguró el lavagnista Alejandro «Topo» Rodríguez consultado por un diario en uno de sus escasos pronunciamientos públicos. Rodríguez, que preside el interbloque federal que incluye al lavagnismo, el cordobesismo de Juan Schiaretti y el socialismo santafesino, aparece alineado con la estrategia de JxC.
Los libertarios, por ahora, quieren diferenciarse. “El juicio político contra la Corte Suprema de Justicia me parece una locura, pero no por eso es adecuado no discutir los demás temas. Debemos trabajar con seriedad”, sostuvo José Luis Espert (Avanza Libertad) aunque criticó el temario.
El Frente de Izquierda también sumó sus críticas al temario por considerarlo “alejado” de los intereses de las mayorías trabajadoras. Aunque no descartan respaldar temas puntuales, como la moratoria previsional y la creación de universidades nacionales.
En tanto, el interbloque Provincias Unidas tiene una actitud similar. Aunque sus tres diputados son críticos del juicio político a la Corte, no quiere que el Congreso se paralice por esta disputa que propone JxC.
La polarización electoral entre el FdT y JxC no ha dejado más margen para terceras fuerzas. De la negociación que el oficialismo construya paso a paso con el resto de los bloques opositores dependerá que pueda romper el bloqueo que impone el macrismo en el Congreso.
