El exmiembro de la Cámara Federal porteña Jorge Ballestero denunció que bajo la presidencia de Mauricio Macri hubo «un plan sistemático, clandestino y criminal dispuesto por las máximas autoridades del país».
«Cada persona que le hacía algo al gobierno anterior que podía disgustarle, era atacada. A mí en seis meses me pusieron siete stents. La situación familiar se volvió difícil y yo preferí cortar por lo sano y lo sano es la salud», dijo Ballestero en declaraciones a AM750, recordando que presentó su renuncia en 2018 producto de una escalada de presiones que recibió desde el macrismo.»La verdad es que mi situación se volvió insostenible. Es la prensa, la persecución. Puedo no hablar de mi caso. Podemos recordar cómo fueron perseguidas la doctora (María del Carmen) Falbo, la doctora (Alejandra) Gils Carbó, la doctora (Gabriela) Boquin y el doctor (Eduardo) Freiler», añadió.
En la misma línea, el exjuez remarcó: «Si yo le dijera que hay un plan sistemático, clandestino y criminal dispuesto por las máximas autoridades del país, ¿usted qué diría? Sí, es esto. Bueno, eso es lo que pasó en la causa 13 cuando se juzgó a los miembros de la Junta Militar. Y si usted empieza a ver, es más o menos lo mismo».
En la actualidad, Ballestero ejerce como abogado y representa a Alberto Pérez en su denuncia en la causa de la «Gestapo antisindical».
«En el caso particular de Pérez, le habían hecho un seguimiento desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con pedidos de informes de Nosis (patrimoniales). Han seguido a más de 1500 personas que le pedían Nosis aparentemente sin orden judicial o amañadas por algún magistrado, fiscal o juez que habrá de determinarse. Ya sabemos que en el juzgado de garantías 1 procesaron a Guillermo Berra, que era un funcionario de la policía de la provincia, y a su pareja por hechos similares. Hacían inteligencia paraestatal, una cosa grotesca», señaló.
» El caso concreto de Alberto Pérez es lo que escenifica perfectamente lo que estaban haciendo las máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires, que es lo que hicieron también con la UOCRA, con otros magistrados que no se acomodaban a los intereses de la gobernadora o con funcionarios de la provincia. Esto es lo que presentamos y pedimos que se investigue. Además, con la participación de los funcionarios nacionales. Es donde se van atando las dos mesas judiciales que tanto se habla. La mesa judicial que se vio escandalosamente en el Banco Provincia, un prófugo en Uruguay (Fabián «Pepín» Rodríguez Simón) y un futuro senador cuando jure (José Torello) y otros personajes», sostuvo.
