Ya desde el último trimestre del 2021 y luego de los balances poco alentadores respecto a la nueva Ley de Alquileres que fue sancionada en Argentina en junio del 2020, cada vez menos propiedades se ponen en alquiler y los precios van alza con actualizaciones anuales que perjudican tanto a propietarios como inquilinos. 

Reconociendo estas dificultades, la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Roberto Feletti, comenzó a buscar alternativas para poder incentivar la oferta y mejorar las condiciones para las operaciones de alquiler. Es así como esta semana, se conformó una mesa de trabajo tripartita donde participaron los distintos sectores involucrados: inquilinos, propietarios e inmobiliarias.

Representando al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta, su presidente, Juan Martín Biella, explicó a InformateSalta que desde un sector proponen derogar la ley de forma absoluta por considerarla ‘un mamarracho’, mientras que otros pidieron sancionar a propietarios que no alquilen sus inmuebles.

Por su parte, subrayó que plantearon modificar una serie de artículos buscando generar mayor certidumbre contractual. Entre estos puntos, recomendaron volver a tener contratos de locación de 2 años y no de 3, como establece el nuevo marco normativo. 

“En el caso de la actualización de la locación de viviendas, hacerla cada 12 meses es negativa para el propietario y para el inquilino: el propietario no quiere absorber 12 meses de inflación y el inquilino no puede luego tener esas subas que lo perjudican”, profundizó.

“Proponemos que las partes pauten el aumento cada seis meses, como se hacía antes”

Por otro lado, desde el sector de las inmobiliarias, propusieron beneficios impositivos para los dueños que decidan poner sus inmuebles en alquiler. Mientas que las federaciones de inquilinos acercaron la idea de crear un impuesto a la vivienda vacía. 

Sobre este punto, Biella aclara que desde el sector pidieron que el Registro de la Propiedad en AFIP sea segmentado, como se supo hacer en nuestra provincia, para el pequeño propietario que tiene rentas menores. “En rentas o suma de alquileres menores a $100.000 debería dejar de hacerse ese trámite, debería ser para los grandes propietarios del registro”, explicó.

Dentro de las conciliaciones, todos los sectores coinciden en que se debe velar por la aplicación de la segunda parte de la nueva ley, que contempla el aspecto social mediante la instrumentación del Plan Nacional de Inquilinos. “El Estado iba a salir a ayudar al inquilino: al que no tenía garante, al que no podía cumplir con el mes de depósito; ahí debía a poner el hombro pero eso no se hizo nada y fue un reclamo conjunto”, explicó Biella. 

Lo cierto es que esta primera reunión sirvió para que todos los actores intervinientes sienten sus posiciones y opiniones sobre una Ley que urge ser replanteada. “Pedimos celeridad para generar certidumbre, el debate prolongado genera más incertidumbre”, concluye el presidente del CUCIS.

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