Al grito de «justicia», cientos de estudiantes de la localidad de General Güemes, ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Salta, se movilizaron por las calles tras saber de una denuncia penal por abuso sexual contra una menor de 16 años. Fue la familia de la adolescente quien radicó la denuncia contra un profesor de la escuela técnica Juana Azurduy. El pedido puntual es que exista celeridad en el tratamiento de la causa por parte del Poder Judicial. 

El profesor está imputado por abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación, y se encuentra detenido en las instalaciones de Alcaidía de la capital salteña. Por su parte, desde el Ministerio de Educación de la provincia de Salta, se informó que se está aplicando la Resolución 546D, que habilita el funcionamiento del Protocolo de Actuación frente a estos casos que involucren situaciones de maltrato, abusos sexuales o violencia de género. 

El hecho denunciado se conoció el viernes 29 por la noche, alrededor de las 22:30, cuando la familia de la estudiante se trasladó al edificio del colegio para informar sobre el caso y pedir ayuda a las autoridades educativas. Sin embargo, «la vicedirectora les dijo que no podían hacer nada y que debían radicar la denuncia» en una comisaría, relató el periodista local Luis Leal a este medio. 

La familia se trasladó hasta la dependencia policial y se dispuso a presentar la denuncia. No obstante, en el momento en que lo estaban haciendo, se presentó voluntariamente el profesor acusado y quedó detenido desde ese momento. Primero estuvo en las instalaciones del lugar, y luego fue trasladado a Alcaidía, donde se encuentra actualmente. 

Mientras se producía la detención, la fiscalía de turno pidió el traslado de la menor a la capital salteña para que el CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales), realice la revisación médica correspondiente. 

Es la segunda marcha que se hace en la ciudad y es convocada por los mismos estudiantes y sus familias. «Pedimos justicia y estamos apoyando a toda la familia que está destruida», dijo una de las madres presentes en las distintas manifestaciones al medio local La Batidora Güemes. «A nosotras nos llega muy de cerca porque tenemos a nuestros hijos que van a esta escuela, entonces necesitamos justicia», expresó. 

Otra de las mujeres afirmó que se movilizaron -tanto en las calles de la ciudad como en las puertas del colegio- en apoyo a la familia de la alumna. Además, afirmaron que están «apoyando a la madre ya que es nuestra compañera de trabajo, y estamos pidiendo que nos apoyen porque somos familias humildes», contó. 

La mujer se mostró disconforme con el primer contacto establecido entre la madre de la estudiante y las autoridades de la institución, ya que consideró que se demoró en el proceso administrativo que correspondía. Acto seguido, pidió a las estudiantes que se animen a contar si es que existían otras situaciones de abusos porque «supuestamente no fue sólo con esta chica». «Por favor, hablen», manifestó. 

Leal dijo que a raíz de este caso, se conocieron otros hechos de acoso o abuso entre estudiantes de otros colegios. Algo similar a lo ocurrido en la capital salteña en noviembre del año pasado, después de la denuncia penal que realizaron los padres de una adolescente de 15 años que era acosada sexualmente por un profesor en el Colegio 11 de Septiembre, ubicado en el barrio Santa Ana 2. 

En tanto, desde el Ministerio Público Fiscal se informó a Salta/12 que el fiscal Pablo Rivero se encuentra actuando en el caso y que, por el momento, el profesor denunciado está imputado por abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación. 

Mientras que la directora general de Educación Técnica del Ministerio de Educación, Silvia Katzmarzik, dijo a este medio que desde la cartera educativa están al tanto de lo ocurrido desde el fin de semana pasado. Aseguró que la situación se abordó desde la Resolución 546D, que habilita el funcionamiento del Protocolo de Actuación frente a casos que involucren situaciones de maltrato, abusos sexuales o violencia de género. 

El protocolo se creó para casos que ocurren dentro de la instituciónentre estudiantes o docentes en perjuicio de estudiantes, o para aplicarse fuera del ámbito escolar y que involucren al alumnado.

«Desde el primer momento en que el supervisor tomó conocimiento del caso, se puso en contacto con la familia», expresó. Después se dispuso la conformación de una unidad que proceda y de continuidad al caso. Y recién el lunes por la mañana, las autoridades del establecimiento se reunieron con los supervisores, entre los que se encontraba Gustavo Reusche, y con los familiares de la menor. Katzmarzik dijo que en el encuentro se les comunicó el procedimiento sobre cómo seguiría el tratamiento del caso. 

La funcionaria manifestó que «se dejó una absoluta tranquilidad (a los familiares) porque se realizaron los procedimientos como corresponden». Tras saber del caso, se da inicio a una instancia de investigación donde se procede a la creación de un sumario administrativo hasta tanto se resuelva el caso. 

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